Maduro reclama que España "pague el robo, el saqueo, el esclavismo y el sufrimiento”

Es evidente que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene derecho a expresar sus opiniones respecto a la colonización de América a partir de 1492.

Y es evidente también que cuando dice robo, saqueo o sufrimiento provocado, se refiere a los pueblos originarios del continente y no a los habitantes criollos o mestizos, por lo que en su nombre tiene derecho a elevar ante algún organismo internacional competente sobre Derechos Humanos una denuncia sobre el trato recibido por estos y que, al menos a nivel moral, se sentencie sobre la conducta de la corona española del siglo XVI durante la colonización, en la que desde la perspectiva actual es lógico pensar que hubo abusos.

Pero en la denuncia que se interponga sería correcto incluir también el trato que las élites criollas que impulsaron los procesos independentistas les dieron a esos mismos pueblos originarios a los que se refiere.

Esos pueblos que conservaban sus puestos jerárquicos previos en la nueva sociedad surgida de la colonización, como  ocurría con los aztecas o los incas por poner un ejemplo, y a los que las nuevas autoridades independentistas despojaron de inmediato.

Esos mismos pueblos que conservaron la propiedad de sus tierras comunales ancestrales durante el período virreinal y de las que fueron expropiados con la independencia, dejándoles en una situación crítica de miseria.

Esos mismos pueblos originarios que permanecieron al lado de la autoridades virreinales por temor a las élites criollas que impulsaron las independencias, y que pocos años después, desde Río Grande a la Patagonia, organizaron campañas de persecución y exterminio, logrando hacer desaparecer a muchos de ellos o dejando diezmadas sus poblaciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en México, donde la población originaria pasó de ser al 70% durante el virreinato al 8% actual. O en Argentina, donde pueblos originarios fueron masacrados y exterminados.

Es de suponer que buscando la justicia reparadora, el Presidente venezolano incluirá estos sucesos en la denuncia, porque se trata de reparar los daños ocasionados a los pueblos originarios.

Ahora bien, si a lo que se refiere es al manido tema del robo del oro, poco recorrido tendrá la denuncia.

Primero porque aunque se ha magnificado intencionadamente este asunto, la realidad que tendría que verificar un tribunal constataría que dentro de lo que eran los territorios españoles de la época, el territorio peninsular apenas obtuvo un 20% de los recursos de plata, fundamentalmente, y de oro que se extrajeron en período virreinal, mientras que del resto de la ingente actividad económica el gravamen era de entre un 2 y un 5%. Dichos impuestos no podrían ser constitutivos de ser calificados como saqueo o robo por parte del tribunal, ya que eran tributos habituales tanto en los pueblos originarios, como los que pagaban los habitantes de la península.

Segundo porque la inversión que llevaron a cabo las autoridades virreinales a lo largo y ancho de miles y miles de kilómetros del territorio es de una magnitud apabullante. Ciudades, carreteras, puertos, fábricas, astilleros, sanatorios, hospitales, universidades, catedrales y un larguísimo etcétera, convirtiendo América en un remanso de paz y prosperidad que posibilitó que fueran países desarrollados en el momento de la independencia y que las élites criollas que promovieron las independencias no supieron gestionar o gestionaron en beneficio propio hasta convertirlos en atrasados en muchos aspectos, algo que el supuesto tribunal pediría aclarar en el juicio.

En fin, tiene derecho el Presidente venezolano a presentar la denuncia contra España, por supuesto que sí, pero tiene también la obligación de presentarla en términos objetivos en cuanto a los perjuicios ocasionados a los pueblos originarios. 

Pero debe tener en cuenta que un organismo internacional de justicia no se basará en la demagogia y pedirá todos los datos objetivos relativos a la denuncia y eso puede tener consecuencias imprevistas...